Costes de valorización energética de residuos solidos urbanos

Costes de valorización energética de residuos solidos urbanos

La Directiva 98/2008, sobre residuos, con el fin de proteger el medio ambiente, establece que los Estados miembros deberán adoptar medidas para tratar los residuos de conformidad con una jerarquía de prioridades destinadas a fomentar diferentes formas de valorización, entre ellas la valorización energética. Como consecuencia surge la necesidad de implementar tecnologías de valorización energética de residuos sólidos urbanos que constituyan una vía de gestión complementaria al reciclaje material previo y que sean prioritarias a cualquier actividad de eliminación mediante incineración o a través de vertedero. Son diferentes las tecnologías que pueden aplicarse con la finalidad de llevar a cabo una valorización energética de los residuos, mediante procesos químicos, termoquímicos, bioquímicos, termomecánicos, mecánicos y biológicos, entre ellas la biometanización, la gasificación, la transesterificación, la fabricación de hidrocarburos, etc. Cada unos de estos sistemas presenta una serie de características que se adaptan a diferentes condicionantes sociales, ambientales, territoriales y económicos.

La posibilidad de escalar estos sistemas, unida a la menor dependencia de los vertederos de cola y al rechazo social que genera la eliminación mediante incineración, contribuye al acercamiento de los centros de tratamiento y valorización a los de producción de los residuos, minimizando los costes de transporte y transferencia y estableciendo el control de la trazabilidad como medida para implementar un sistema de pago acorde al principio de la directiva marco de residuos de “quien contamina paga”, consiguiendo además que la gestión de los residuos sea menos gravosa para los ciudadanos.

Tras una revisión bibliográfica de los sistemas aplicados para la valorización energética, se ha realizado un análisis de costes e ingresos para un ámbito territorial que incluye 13 municipios de la provincia de Granada (España) de entre 300 y 21.500 habitantes, agrupando una población de 93.300 habitantes con una generación de residuos urbanos de 45.000 t/año y una caracterización en torno al 50% de materia orgánica.

Las tecnologías analizadas en este estudio han sido la biometanización, la producción de CSR, la producción de combustibles hidrocarburados y la gasificación. La valoración de los criterios económicos asociados a cada alternativa ha incluido los costes de construcción e implantación, explotación y mantenimiento, así como los ingresos obtenidos por la venta del subproducto valorizable energéticamente. La aplicación de los diferentes sistemas analizados implica un coste que varía entre los 22,11 €/t en el caso de la fabricación de ecodiesel y 35,96 €/t para la tecnología de producción de CSR. Estos costes se consideran inferiores a sistemas tradicionales de eliminación mediante incineración con o sin recuperación energética o depósito en vertedero, que en ningún caso bajan de los 40 €/t. Se puede concluir que, para la zona de estudio, los sistemas más adecuados son la fabricación de ecodiesel y la gasificación.

Recientemente, el Senado ha aprobado la creación de una Ponencia de Estudio, en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que evalúe la prevención, recogida, reciclaje, valorización y eliminación de residuos y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados por la UE en esta materia. Igualmente, analizará la estrategia a seguir en el futuro en materia de residuos.

La iniciativa responde al cumplimiento de los objetivos de reducción del vertido y pretenden “abordar sin prejuicios el tema de la valorización energética de los residuos no reciclables, que actualmente van al vertedero, intentando llegar al mayor consenso posible que evite los conflictos políticos en cada territorio y defina el número de plantas que cada territorio necesita en función del cumplimiento de los objetivos de gestión de residuos”.

Estaremos pendientes a las conclusiones del estudio aunque lo importante es que las administraciones públicas empiezan a entender que hay alternativas, mediante valorización energética, al problema de la eliminación de los residuos en vertederos o mediante incineración.


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